20 Nov ANESTESIADOS-NUEVO ARTICULO ANTON LUACES
LA OPINION -antón luaces 20.11.2017 | 00:39
Los profesionales de la mar, salvo excepciones, son poco dados a reivindicar en tierra aquello que, también en tierra, se les niega y que ellos mismos, los marineros-pescadores, generan en la mar con su esfuerzo interminable en jornadas que nadie en tierra realiza. Sin descanso reglado, sujetos a presiones de todo tipo, alejados durante semanas e incluso meses de sus familias, los suyos son salarios que se ajustan muchas veces en función de las condiciones de la mar y las capturas porque, aunque cada vez son menos, impera el salario a la parte y en éste influyen, además de las capturas, los días de pesca.
Para compensar todo esto, la Administración central creó los coeficientes reductores, nacidos para ser un «arma de equilibrio social» que ahora el Instituto Social de la Marina (ISM) pretende desmontar para los tripulantes de los buques palangreros y arrastreros de altura y gran altura, que podrían perder sus derechos por la aplicación de coeficientes reductores que les permiten adelantar su edad de jubilación.
Teniendo como tiene el ISM la tarea primordial de la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores de la mar, resulta una incongruencia que España, en lugar de tratar de reconducir los planteamientos de la UE contrarios al reconocimiento que en el Estado español tienen los tripulantes de los buques congeladores para adelantar su edad de jubilación, no solo no lo haya hecho sino que, para mayor escarnio, se adelanta a la propia Unión Europea y aplica recortes allí donde todavía desconoce cuál va a ser la norma a aplicar por las autoridades comunitarias. De este modo, la denominada como «arma de equilibrio social» por Aetinape se convierte en un arma de desequilibrio utilizada por un instituto que, por perder, está perdiendo también su condición de social de la marina.
¿A qué juegan y cuál es el papel que, verdaderamente, desempeña la Xunta en este contrasentido? ¿Ha hecho algún esfuerzo la Administración gallega para evitar ese golpe al sector pesquero de Galicia y a centenares de sus trabajadores presionando al Gobierno amigo asentado en Madrid para que abra los ojos de los administradores comunitarios en la redacción de la nueva normativa y para que tengan en cuenta lo ya existente?
Bruselas ha de igualar por arriba y no por abajo.
Pero claro, nada sabe uno hasta qué punto tiene poder (fuerza) el Gobierno de España para hacerse entender cuando ni siquiera aquí, en la propia España, se le entiende.