2012-DESPACHO IRREGULAR EN RIBEIRA

2012-DESPACHO IRREGULAR EN RIBEIRA

TODA LA RESPONSABILIDAD QUE EN DERECHO PROCEDA CONTRA LOS DESPACHOS

Inspeccionar las condiciones del buque, tripulaciones y formación, clave para mejorar la seguridad marítima

La reciente confirmación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, adscrita al Ministerio de Fomento, de que el Distrito Marítimo de Ribeira (dependiente de la Capitanía Marítima de Vilagarcía) despachó irregularmente el 5 de septiembre de 2009 al arrastrero ribeirense “NOSA CANTIGA”que naufragó al día siguiente frente a las costas de Portugal por una vía de agua, devuelve a la actualidad uno de los más importantes asuntos relacionados con la seguridad del trabajo en el mar: las inspecciones y despachos de buques, tema al que AETINAPE dedica múltiples denuncias desde hace décadas.

La investigación de un caso concreto como el de este pesquero revela lo que en el sector marítimo es un secreto a voces: que las inspecciones y los despachos se ejecutan en muchos casos de forma irregular en cuanto a las condiciones del buque, las tripulaciones y sus cualificaciones profesionales exigidas por la legislación española, europea e internacional.

En este momento, además, el problema cobra una dimensión global al analizar también las condiciones de seguridad de los buques que relevan sus tripulaciones en países lejanos o incluso en alta mar, lugares en que el Estado Español no puede controlar las condiciones de seguridad de estos buques.
Para abordar esta situación, AETINAPE se dirigió a las autoridades públicas europeas, españolas y autonómicas, para que éstas adopten medidas ante lo que puede considerarse un fraude a la filosofía del apoyo público a las empresas pesqueras. Estas medidas, entre otras, pasan por exigir a cada una de las empresas los certificados periódicos de cotización a la Seguridad Social española por cada uno de sus tripulantes. Por otra parte, además de los obligatorios reportes de pesca que cada barco efectúa por norma a la Secretaría General de Pesca, se incorpore la obligatoriedad de informar a dicha Institución, a la Dirección General de la Marina Mercante y al Instituto Social de la Marina sobre los datos personales y profesionales del cuadro de mandos del buque, tanto a la entrada como a la salida de puerto, y vincular las ayudas públicas a aquellas empresas que cumplan con la legalidad vigente en esta materia y el compromiso de crear empleo comunitario, y mejoren las condiciones sociolaborales de sus tripulaciones.

Aplicar las responsabilidades que en Derecho procedan para funcionarios y empresarios que permiten estas prácticas fraudulentas sería una forma de perfeccionar este sistema de inspecciones y controles de tal manera que se pueda hablar de un auténtico sistema de seguridad humana a bordo. {/xtypo_quote}