EL CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA: CONTINÚA LA OFENSA

EL CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA: CONTINÚA LA OFENSA

La publicación una vez más en el BOE del incongruente “Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” vuelve a poner de manifiesto el deshonroso papel de la administración marítima española, en este caso a través del Ministerio Trabajo y Economía Social, reclamando profesionales de países extracomunitarios para cubrir puestos a bordo de nuestra menguada flota.

El Catálogo es una de las mayores ignominias que ha sufrido el sector marítimo en los últimos años, ya que equivale a reconocer que el subempleo y las pésimas condiciones laborales son inherentes al mundo marítimo.

En el fondo, todos sabemos que es resultado de presiones para minorar la carga salarial de los tripulantes, a efectos de mejorar beneficios.

Venimos denunciando desde hace años esta grave ofensa, fruto de un impropio acuerdo de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración de la que forman parte la Administración y los agentes económicos y sociales.

El cada vez más exiguo mercado laboral marítimo resulta así prácticamente inalcanzable para los profesionales españoles, que ven como los años y esfuerzos invertidos en su formación resultan insignificantes en esta situación globalizada, en que lo único importante es reducir costes.

Los estudiantes, que llenan las Escuelas e Institutos Náutico-Pesqueros y las Escuelas de Náutica de todo el litoral, ven una vez más cómo los puestos de trabajo que corresponderían a sus titulaciones son ocupados por personal contratado bajo las prácticas del llamado dumping social, para lo cual últimamente se encargaron de “relajar” los requerimientos de las garantías de seguridad a bordo.

Ante esto… ¿no debería replantearse de nuevo la redimensión e incluso la existencia del potente sistema formativo español, que faculta profesionales que en el mercado laboral son reemplazados por personal procedente de países extracomunitarios? El mantenimiento de estos centros cuesta cientos de millones de euros que financian las Administraciones públicas a través de los impuestos de los ciudadanos, y que ceden ante las presiones de los grupos económicos y solicitan internacionalmente personal barato para ocupar puestos que lógicamente corresponderían a titulados españoles.